delle nuove norme dei TCP

PRIMEROS IMPACTOS EN LAS TUNAS

Las normas vienen a solucionar varias de las problemáticas reveladas en la provincia, desde que en el 2010 ampliaron el TCP, el cual ha tenido un impacto todavía limitado en la dinamización de la economía local.

En la actualidad, más de 24 mil 570 personas se desenvuelven aquí en este universo laboral, lo que representa poco más del 10 por ciento de la población económicamente activa en el territorio.

De acuerdo con un informe presentado a la XXVIII Sesión Ordinaria del XI Período de Mandato de la Asamblea Provincial del Poder Popular, en el 2017 los ingresos provenientes de este sector alcanzaron un valor de 65 millones de pesos, lo que representa el 4,64 por ciento del total recaudado, como aporte al presupuesto del Estado.

Lo anterior evidencia que si bien el TCP ha diversificado las opciones de empleo e incrementado la oferta de bienes y servicios y los ingresos al presupuesto del Estado, estos beneficios, a casi una década de la implementación del reordenamiento, no han cumplido con todas las potencialidades existentes.

Según informaron en un encuentro con dirigentes gubernamentales en la reciente Campaña de Declaración Jurada de ingresos personales, que terminó al 93 por ciento, el 87 por ciento de los que acudieron subdeclararon. Ello se une al hecho de que en el Balcón de Oriente, por concepto de evasión fiscal, se han dejado de ingresar alrededor de 10 millones de pesos. Además, la deuda tributaria del TCP asciende a 14 millones de pesos, sobre todo, en actividades como albañiles, carpinteros, transportistas y elaboradores de alimentos.

Una auditoría financiera realizada este año a varias empresas e instituciones presupuestadas reveló pagos a privados operados indebidamente, algunos de los cuales se encuentran sujetos a un proceso penal.

Más allá de estas irregularidades, el TCP ha tenido que desenvolverse ante disímiles desafíos, entre los cuales la falta de un mercado mayorista constituye el principal límite a su desarrollo. Sin embargo, los documentos programáticos del país reconocen y apuestan por esta forma de gestión para construir una sociedad más próspera y sustentable, de ahí la necesidad de cauces que colectivamente se construyan para que confluyan los intereses personales con el proyecto de desarrollo del país que necesitamos todos los cubanos.