Con la ley siempre si hay orden
Las normas que se anuncian incluyen en un solo cuerpo legal las infracciones para el ejercicio del TCP, y así finiquitar la dispersión legislativa que hoy existe.
Habrá mayor control, pero las medidas estarán en correspondencia con la gravedad de la contravención. Estas van desde la notificación preventiva, la multa, la cancelación de la autorización por un término de hasta dos años, el decomiso, y la cancelación definitiva de la autorización para ejercer el TPC.
Esta cancelación definitiva, se aplica solamente ante tres circunstancias: cuando la persona autorizada para ejercer la actividad actúa para un tercero (los testaferros o «prestanombres», que es una actividad económica ilícita); cuando hay tráfico de droga, prostitución, proxenetismo u otros hechos constitutivos de delito, con independencia de la acción penal que corresponda; y cuando se emplee a menores de 15 años de edad o jóvenes entre 15 y 16 años de edad sin la autorización correspondiente que establece el Código de Trabajo.
También se tomaron un grupo de decisiones para fortalecer el control funcional del TCP, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, de forma multidisciplinaria. Incluye, por ejemplo, un plan de inspección aprobado que responda a los intereses del territorio.
Sobre esto, apuntó la Viceministra Primera del MTSS,
cuando se realice la inspección a una actividad deberá hacerse con un equipo multidisciplinario y ejecutarse integralmente.
No puede seguir permitiéndose —señaló— que diferentes cuerpos de inspección en el mismo espacio y tiempo realicen un control, cada uno por su lado, o que varios de los inspectores del mismo cuerpo de inspección, de manera reiterada, estén haciendo visitas individuales a los TCP.
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